Corte Interamericana Juzga al Estado chileno

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martes, 12 de junio de 2012

Derecho internacional, derechos humanos y pueblo mapuche.


  El Pueblo Mapuche, como muchos otros Pueblos y Naciones originarias en América, desde la conformación de los Estados ha sido víctima sistemática de la negación de identidad y existencia como pueblo a favor de la formación de una identidad nacional única, y el de apropiación de su territorio a favor de la consolidación del territorio “chileno”, medidas que tuvieron consecuencias que se arrastran hasta el presente, con consecuencias desastrosas, tales como: reducción territorial, fragmentación social, desplazamiento forzoso, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sistemas normativos propios, deterioro cultural y de idioma por políticas de castellanización forzosa, entre otras fatalidades.


Marco legal aplicado a los Pueblos Indígenas
 En 1993 fue aprobado por el Congreso Nacional el proyecto de ley indígena (Ley No 19253 de octubre de 1993 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y vigente en la actualidad), lo que fue considerado en su momento como un “avance”, sin embargo, los derechos que la actual Ley indígena consagra y todo la institucionalidad que ella estatuye, está muy por debajo del estándar internacional de los derechos de los pueblos originarios, no incorpora ninguna norma sobre protección de los recursos naturales, la protección que confiere a la tierra indígena es débil y desarticulada del resto de la legislación, y establece un sistema de consulta insuficiente que tampoco se ha implementado por falta de voluntad política. Dicha ley no reconoce ningún derecho de autonomía administrativa ni política a los indígenas, y en general, carece de legitimidad,  se ha constituido generalmente en un instrumento del Estado para la aplicación de políticas de desarrollo impuestas desde arriba  en el mejor de los casos  y en un vehículo para la implementación de proyectos económicos en territorio Mapuche.


Situación de Derechos Humanos y Pueblo Mapuche Como es de conocimiento de la CIDH, entre los años 1996 y 2003 se han presentando 4 denuncias de casos de violaciones de derechos de personas y comunidades mapuches en Chile, nos referimos a los casos de los 144 dirigentes procesados del Consejo de Todas las Tierras , el caso pehuenche y la central Hidroeléctrica Ralco. Asimismo, el caso de las autoridades tradicionales mapuches, los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin, condenados por ley antiterrorista, en un doble juicio (el primero los había absuelto), por “amenazas de incendio terrorista”, y, la de los hijos del lonko Pichún, Rafael y Pascual quienes se encuentran no habidos y que la justicia declara prófugos, debido a que mantienen una orden de aprehensión por no tener dinero para pagar una indemnización de perjuicios de $ 6.000.000. Estos dos últimos casos están sujetos a tramitación de admisibilidad en la CIDH
El Estado de Chile no solo desconoce y transgrede el estándar internacional de derechos indígenas sino también ha hecho sistemático atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones normas del derecho internacional humanitario, lo que se expresa en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros indígenas a encarcelamiento en condiciones inhumanas. Estas situaciones y su evidencia probatoria han sido recogidas por diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales tales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Right Watch. Asimismo, la situación de vulneración de los derechos indígenas en Chile fueron constatadas por el Relator Especial de Naciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas , en su visita a Chile en el 2003., quien sintetizó esta política estatal como una criminalización de la reclamaciones indígenas. Similar posición adoptó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas quien en noviembre del 2004, se manifestó preocupado por la falta de reconocimientos a los derechos de los Pueblos indígenas y por la aplicación de leyes especiales en el contexto de las actuales tensiones por las tierras ancestrales en las zonas mapuches.
Como forma de profundizar y de entregar mayores antecedentes sobre lo señalado, la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales Mapuches acompaña esta intervención con los informes citados y otros igualmente categóricos, incluyendo además un Informe propio sobre situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche.
Del mismo modo, señala en esta audiencia que respaldará y promoverá próximamente casos que serán presentados como nuevas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los mapuches en Chile, señalando algunas como ejemplo:
- La del dirigente Víctor Ancalaf LLaupe, condenado por Tribunales chilenos a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y demás accesorias. El proceso que se siguió a Ancalaf adoleció de vicios procesales y además se le aplicó una legislación inadecuada, como la Ley 18.314 que determina conductas terroristas, que se enmarcan en una serie de ataques incendiarios perpetrados en contra de camiones y una retroexcavadora que desarrollaban faenas en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco los días 29 de septiembre de 2001 y 3 y 17 de marzo de 2002. Al respecto, no se dan en el caso los elementos subjetivos del tipo penal especial de terrorismo, como son la finalidad de producir temor en la población o de arrancar decisiones a la autoridad o imponerle exigencias, y porque la aplicación de dicha legislación, específicamente el numeral 4º de su artículo 2º, que sanciona como terrorismo el daño sobre las cosas, es claramente inconstitucional y contrario a la legislación y dogmática internacional.


Éste  y muchos otros casos, han sido motivo de gran preocupación. Las acciones de defensa y protección del territorio por parte de los mapuches han generado a su vez una reacción represiva y persecutoria por parte del Estado chileno, que ha desplegado sistemáticamente su fuerza policial y judicial para disolver la legitima protesta de los mapuches. Cientos de mapuches han sido investigados por distintos hechos relacionados con el conflicto territorial, y varias decenas han sido juzgados por leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado y antiterrorista, por conductas que no revisten las características propias de los delitos contemplados en ellas. Los mapuches actualmente encarcelados por estas causas se consideran prisioneros políticos, y tanto el Relator Especial de Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas han conminado al Gobierno de Chile a detener esta persecución.

Derechos territoriales colectivos en relación de los derechos humanos
El modelo de la industria forestal, tiene impactos espaciales específicos: superpone una zona forestal virtual sobre los demás espacios, con el sistema de plantaciones, y ciudades-plantas industriales de celulosa, redes viales (carreteras y ferroviarias) y flujos autosuficientes articulados hacia el centro nacional y mercado externo. Una region forestal que responde a sus propias políticas y regulaciones. Se agotan y alteran los regímenes hídricos de cuencas, transformando los ecosistemas. Socialmente, provoca el desplazamiento de poblaciones, el acorralamiento de comunidades, y la exposición a contaminantes químicos.
El proyecto se llevó adelante contando con un abierto apoyo político e institucional por parte del Gobierno de Chile, quien no dudó en otorgar todos los permisos y autorizaciones administrativas necesarios para su realización. La Central Hidroeléctrica Ralco fue llevada adelante con una fuerte oposición de las organizaciones mapuches y significó un punto de quiebre con el Estado chileno, incluyendo sus Tribunales de Justicia, y una muestra de la voluntad real del poder político que se inclinó invariablemente por favorecer intereses económicos por sobre los derechos de los indígenas
Si bien, como es de conocimiento de la Comisión, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío, los efectos e implicancias son irreversibles y en varios de los puntos acordados, el Estado chileno no ha cumplido con sus obligaciones, por el contrario, dentro de estos acuerdos , por ejemplo, estaba contemplado el de tomar mecanismos para asegurar que las comunidades mapuche pehuenche sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, pero como respuesta a esto, las familias pewenche tuvieron la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco, contra todo orden legal y humanitario .
Desafortunadamente, tal como la comisión conoce por el caso Hidroeléctrica Ralco, diversos proyectos extractivos respaldados con fondos públicos y privados no han producen desarrollo sostenible y a cambio producen una herencia enorme de violaciones de los derechos humanos mapuches.
La discusión con respecto a las industrias extractivas y los derechos de los pueblos indígenas ha sido elevada por la propia Comisión y la Corte Interamericana cuando se ha afirmado no solo que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a tierras y territorios que usaban y ocupaban tradicionalmente, sino que además los Estados también tienen obligaciones bajo ley internacional a proteger y promover estos derechos a través de tomar medidas para demarcar y titular territorios indígenas y de garantizar a los pueblos indígenas el derecho de participar en la toma de decisiones y el derecho a dar o reservar su consentimiento previo, libre, e informado para estas actividades.
Por su parte los mapuches creen , que los derechos a la tierra en su territorio deben ser reconocidos en su totalidad y no como parcelas, donde se debe garantizar sus derechos a los recursos naturales de su territorio; Reconocer el derecho  de autodeterminación o autonomía dentro de su territorio.-
Pero más allá de obtener un avance en el reconocimiento de estos derechos, legislativamente se ha ido retrocediendo. Una iniciativa parlamentaria aprobada por la Cámara de Diputados en el mes de septiembre del 2004, pretendía modificar las normas sobre formalización de tenencia de la tierra en la ley mencionada modificando uno de los artículos esenciales del ordenamiento de protección de la tierra indígena.
Dicho proyecto, plantea la homologación de la tierra indígena al estatuto de regulación ordinario de tierras - lo cual atenta contra el estatuto de protección de la Ley Indígena – y habilita a una subdivisión de la tierra indígena a un metraje insustentable para la vida de las personas y comunidades mapuches. El proyecto ha sido cuestionado ampliamente por  diferentes sectores, sin embargo no ha sido retirado de la cámara de diputados y sigue siendo un peligro inminente a los derechos colectivos de los pueblos originarios en Chile.
Antecedentes Jurídicos
En efecto, el cuadro descrito, deja en evidencia la fragilidad del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país, en especial aquellos garantidos por el sistema americano de protección a los derechos humanos.
El marco general reseñado respecto de la situación de los mapuches en Chile, permite concluir que el Estado no respeta en forma suficiente los siguientes derechos consagrados por la Convención:
- Articulo N°1, que supone la obligación de respetar y garantizar las libertades consagradas en la Convención.
- Artículo N° 4, que consagra el derecho a la vida.
- Artículo N°5, que refiere al derecho a la integridad personal.
- Articulo N°7, que remite a la libertad personal.
- Articulo N°8, acerca de las garantías judiciales.
- Artículo N° 16, respecto de la libertad de asociación.
- Articulo N°21, sobre el derecho a la propiedad privada.
- Articulo N°24, que consagra la igualdad ante la ley.
- Articulo N°25, respecto de la protección judicial. 

lunes, 11 de junio de 2012


Corte Interamericana revisará caso de mapuches enjuiciados por ley antiterrorista



La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que enjuiciará al Estado chileno por aplicar la Ley Antiterrorista a Aniceto Norin y Pascual Pichún, dos autoridades tradicionales del pueblo mapuche.
Según señaló el abogado que representanta a los comuneros en el tribunal internacional, Jaime Madariaga, “ha habido condenas de parte de los tribunales chilenos en que se ha presentado una discriminación racial en contra de los líderes mapuche. Con la aplicación de los testigos sin rostro efectivamente se viola el debido proceso y además la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales. Por eso cuando la CIDH estima que esto ha ocurrido y decide llevarlo a la Corte es importante no sólo para reparar a las víctimas, sino que para garantizar a otras personas que esto no vuelva a ocurrir”,
A nivel internacional, varios informes, observadores y representantes de la comunidad indígena han cuestionado la aplicación de esta legislación en casos relacionados con la reivindicación de los mapuche.
Por lo mismo, Madariaga calificó esta medida como un “paso histórico” y afirmó que “lo importante es que esta es la primera vez que una organización internacional como esta comisión y eventualmente un tribunal de justicia internacional pueden condenar al Estado de Chile. Efectivamente ha habido informes y muchas denuncias en contra del Estado, pero sería inédito que se condene al Estado de Chile por violar la institucionalidad internacional.

 

 

¿Qué son los derechos humanos? 




Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Universales e inalienables


El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

domingo, 10 de junio de 2012

Objetivo del derecho internacional de los derechos humanos


El derecho internacional de los derechos humanos se desarrollo después del termino de la segunda guerra mundial, como una respuesta al anhelo de la comunidad internacional de organizar el mundo de una manera que no volviera a ocurrir una catástrofe de similares características a la recién expuestos.
Después del paso del naciscmo, la comunidad internacional llego a la conclusión de que  no era factible o posible dejar entregado solo a los estados la protección y el respeto de los derechos humanos, puesto que habían ocaciones en que los  detentadores   del poder utilizaban ese poder para violarlos. por ende podríamos decir que el derecho internacional de los derechos humanos se desarrollo con el fin de limitar efectivamente el poder de los estados, substrayendo de su competencia la decisión ultima en cuanto al modo en que los gobernantes debían comportarse con respecto a los gobernados en materia de derechos humanos.para esto era necesario universalizar estos derechos, por una parte a través de la adopción de un catálogo universal de derechos humanos que sea jurídicamente vinculante y por otra parte  estableciendo mecanismos  internacionales para controlar el cumplimiento por parte de los estados de la obligación de respetar y garantizar los derechos allí contenidos.
un catálogo de derechos humanos jurídicamente vinculante  no cumpliría su propósito si no existirían también mecanismos internacionales de control operados por órganos internacionales.
la finalidad de estos mecanismos es fiscalizar y verificar si los estados cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos, declarando la conformidad de la actuación del estado con las normas internacionales  y en el caso de existir una violación ordenando al estado la reparación del mal causado.
estos mecanismos de control internacional son siempre supletorios de las naciones ya que una de las obligaciones que se genera para el estado que accede al sistema internacional es proveer una red nacional que proteja los derechos humanos, por ende los mecanismos internacionales solo se aplican cuando la red nacional o del estado no funciona adecuadamente y en ese caso determinar si la falla es imputable a una acción u omisión del estado. de esta manera la protección de estos derechos se hace completa.
( si hay una obligación de un particular, le corresponde al estado, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales establecer por una parte los mecanismos necesarios para que el hecho se investigue y se repare y asegurarse por por otra de que ellos funcionen adecuadamente y eficazmente. y si el estado no cumple con esta obligación o si llegare a ser el mismo quien ha cometido la violación, corresponde al mecanismo internacional investigarlo y declararlo para las sanciones correspondientes).

sábado, 9 de junio de 2012

Influencia de el Derechos Internacional de Derechos Humanos en el Derecho Chileno en el tema de los basurales en tierras Mapuche.


En la IX Región existe un gran número de basurales sin cumplir en lo más mínimo las normas del servicio de salud o de la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA por esto la coordinación de comunidades y familias mapuche afectadas por basurales en la Región sus denuncias han dejado al descubierto una triste realidad: El 70 % de los basurales en la llamada IX Región está en tierras Mapuche. La mayoría en comunidades. Son los casos de los basurales de Temuco, Gorbea, Lumaco, Perquenco, Melipeuco, Pitrufquén, Loncoche, Nueva Imperial, Vilcún, Cunco, Carahue, Collipulli, Traiguén, instalados entre los años 1990 y 1993. Otros, posteriormente, ya con Leyes activas, igualmente se instalaron, dejando en evidencia los verdaderos sentidos y alcances de estos cuerpos normativos que en nada sirvieron para resguardar los Derechos de numerosas familias y de su ecosistema.
Son varios los dirigentes  emblemáticos en representación de diversas familias que en este último tiempo han levantado su voz en un grito de auxilio para exigir la erradicación de los basurales. Desde ahí, diversas acciones impulsaron la coordinación de familias de comunidades afectadas por los basurales para a dar a conocer su situación: campañas internacionales, denuncias, encuentros, etc.



En la Región de la Araucanía, las miles de toneladas de basura que generan mensualmente las distintas comunas, implican múltiples impactos a la territorialidad de comunidades Mapuche, tanto ambiental, social, cultural, sanitario y económico en las familias mapuche. Devido a que en esta región, existen unos 19 vertederos están ubicados en comunidades mapuche, que representa un 70 % aproximado del total de recintos. De las 16 mil toneladas que produce la Región, más de 12 mil toneladas van a parar a sectores cuyos vertederos están al interior o colindantes con comunidades mapuche.



Y debido a esto las comunidades Mapuche sostienen que Chile mantiene una impresentable situación de violación a los Derechos Humanos a los Pueblos Originarios en Chile. Así lo han confirmado una serie de denuncias, informes y recomendaciones de diversas instancias internacionales en los últimos años, entre ellos, organismos de la ONU como el Comité de Derechos del niño, Comité por los Derechos económicos, sociales y culturales, Comité de Derechos Humanos, el relator sobre la temática indígena Rodolfo Stavenhagen. Del mismo modo, organizaciones como Human Rights Watch, Federación internacional de derechos humanos, Asociación Americana de Juristas, Amnistía Internacional, entre otros.

 Los antecedentes de basurales en comunidades Mapuche, confirma que el 70 % de ellos funcionan en comunidades Mapuche, lo que transgrede diversas normas de Derecho internacional que versan en la materia (medio ambiente, pueblos indígenas y racismo) y que son varias las reconocidas por el Estado chileno. Como ejemplo: La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (en particular el principio 22), el Programa de Acción sobre Desarrollo Sostenible (en particular, capítulos 11 y 26), El Convenio sobre Diversidad Biológica ( en particular, artículos 8 y artículos conexos), la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y otros instrumentos principios y programas de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas.
Por este motivo el gobierno Chileno implementado una serie de cambios normativos en este último tiempo debido a la presión del Derecho internacional que versa en la materia (medio ambiente, pueblos indígenas y racismo). 

jueves, 31 de mayo de 2012

Manifestaciones de la influencia del Derecho Internacional de Derechos Humanos en el Ordenamiento Jurídico Chileno.


   El Derecho internacional de Derechos Humanos influye considerablemente en el ordenamiento jurídico chileno, entendido este último como el conjunto de normas jurídicas que rigen actualmente en el territorio de la República. Lo anterior se materializa, se verifica o se puede apreciar en nuestra carta fundamental, la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 5° inciso 2° de este cuerpo legal donde se describe que el ejercicio de la soberanía, entendida como el poder absoluto y perpetuo de una República, se encuentra limitada por los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Agrega, además, que es deber del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. De lo anterior se desprende claramente que el Estado chileno se encuentra subordinado al Derecho Internacional de Derechos Humanos (ya que éste último vela por la protección de los derechos esenciales) y que por consiguiente el ordenamiento jurídico chileno también lo está. A continuación han de mencionarse dos manifestaciones de la influencia que tiene el Derecho Internacional de Derechos Humanos en el Derecho Chileno.
Imagen 1. Pirámide de Hans Kelsen.


   Existe una discusión doctrinal la cual no encuentra un punto de acuerdo respecto de la jerarquía de los tratados de Derechos Humanos. Primero que nada es necesario aclarar que en el Ordenamiento Jurídico Chileno existen tres grados o jerarquía de normas (imagen 1), basadas en una especie de pirámide propuesta por el autor Hans Kelsen. Así, en primer lugar, existen las normas del más alto grado (situadas en la cima de la pirámide), las normas de jerarquía constitucional. Al descender se encuentran a continuación las normas de jerarquía legal y finalmente, en la base de la pirámide, las normas de jerarquía infralegal. Por regla general los tratados internacionales tienen jerarquía legal. Ahora bien, la discusión se genera al momento de establecer la jerarquía de los tratados internacionales de Derechos Humanos. Para cierta parte de la doctrina, estos deben ser de jerarquía legal debido a la norma general antes mencionada. Otro sector de la doctrina no acepta lo anterior fundamentando que, según el contenido de este tipo de tratados, ellos deben gozar de un grado mayor, o sea, del grado o jerarquía constitucional. En otras palabras, estos autores señalan que el contenido de los tratados de Derechos Humanos es equivalente al contenido de la Constitución, en cuanto a derechos esenciales de las personas, por lo cual deben tener el mismo grado. Incluso, el sector más extremo de esta postura, dice que estos textos legales deben tener jerarquía supraconstitucional, o sea, un grado más alto que el constitucional. En la práctica se ha determinado la existencia de ambos tipos de tratados, o sea, tratados de Derechos Humanos de jerarquía legal y tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional.

   La segunda manifestación de la influencia del Derecho Internacional de Derechos Humanos en el Derecho Chileno consiste en la incorporación del principio de transparencia en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución. Este hecho se produce en el año 2005 mediante la ley de reforma constitucional 20.050. La incorporación se  produce debido a la negativa por parte del Estado a entregar información solicitada por un particular. Ante lo cual el individuo acude a todos los tribunales del poder judicial de los cuales ni uno le dio la razón. A raíz de aquello, ahora la persona presenta su petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual finalmente le dio la razón argumentando que se le había privado de un derecho fundamental. Es por ello que la Corte dicta una resolución en la cual sanciona a Chile por haber privado de aquel derecho esencial. Como efecto principal de lo mencionado se produce la incorporación del principio de transparencia.

lunes, 28 de mayo de 2012

Derechos que trata el Derecho Internacional ( Derechos Fundamentales)


Por lo que se puede apreciar en los casos en que están implicados normas constitucionales y  Derechos Humanos, generalmente los jueces revisan los tratados internacionales y los derechos que se explican en ellos ya que el derecho internacional es una convención de varias naciones que se comprometen a estar limitados por las normas que la convención imponga , y al no hacer valer eso un juez, una persona podría reclamar a las cortes internacionales por no ser aplicadas y con esto el juez, o hasta el mismo país, puede ser sancionado por no aplicar estas normas.