Corte Interamericana Juzga al Estado chileno

Loading...

martes, 12 de junio de 2012

Derecho internacional, derechos humanos y pueblo mapuche.


  El Pueblo Mapuche, como muchos otros Pueblos y Naciones originarias en América, desde la conformación de los Estados ha sido víctima sistemática de la negación de identidad y existencia como pueblo a favor de la formación de una identidad nacional única, y el de apropiación de su territorio a favor de la consolidación del territorio “chileno”, medidas que tuvieron consecuencias que se arrastran hasta el presente, con consecuencias desastrosas, tales como: reducción territorial, fragmentación social, desplazamiento forzoso, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sistemas normativos propios, deterioro cultural y de idioma por políticas de castellanización forzosa, entre otras fatalidades.


Marco legal aplicado a los Pueblos Indígenas
 En 1993 fue aprobado por el Congreso Nacional el proyecto de ley indígena (Ley No 19253 de octubre de 1993 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y vigente en la actualidad), lo que fue considerado en su momento como un “avance”, sin embargo, los derechos que la actual Ley indígena consagra y todo la institucionalidad que ella estatuye, está muy por debajo del estándar internacional de los derechos de los pueblos originarios, no incorpora ninguna norma sobre protección de los recursos naturales, la protección que confiere a la tierra indígena es débil y desarticulada del resto de la legislación, y establece un sistema de consulta insuficiente que tampoco se ha implementado por falta de voluntad política. Dicha ley no reconoce ningún derecho de autonomía administrativa ni política a los indígenas, y en general, carece de legitimidad,  se ha constituido generalmente en un instrumento del Estado para la aplicación de políticas de desarrollo impuestas desde arriba  en el mejor de los casos  y en un vehículo para la implementación de proyectos económicos en territorio Mapuche.


Situación de Derechos Humanos y Pueblo Mapuche Como es de conocimiento de la CIDH, entre los años 1996 y 2003 se han presentando 4 denuncias de casos de violaciones de derechos de personas y comunidades mapuches en Chile, nos referimos a los casos de los 144 dirigentes procesados del Consejo de Todas las Tierras , el caso pehuenche y la central Hidroeléctrica Ralco. Asimismo, el caso de las autoridades tradicionales mapuches, los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin, condenados por ley antiterrorista, en un doble juicio (el primero los había absuelto), por “amenazas de incendio terrorista”, y, la de los hijos del lonko Pichún, Rafael y Pascual quienes se encuentran no habidos y que la justicia declara prófugos, debido a que mantienen una orden de aprehensión por no tener dinero para pagar una indemnización de perjuicios de $ 6.000.000. Estos dos últimos casos están sujetos a tramitación de admisibilidad en la CIDH
El Estado de Chile no solo desconoce y transgrede el estándar internacional de derechos indígenas sino también ha hecho sistemático atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones normas del derecho internacional humanitario, lo que se expresa en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros indígenas a encarcelamiento en condiciones inhumanas. Estas situaciones y su evidencia probatoria han sido recogidas por diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales tales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Right Watch. Asimismo, la situación de vulneración de los derechos indígenas en Chile fueron constatadas por el Relator Especial de Naciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas , en su visita a Chile en el 2003., quien sintetizó esta política estatal como una criminalización de la reclamaciones indígenas. Similar posición adoptó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas quien en noviembre del 2004, se manifestó preocupado por la falta de reconocimientos a los derechos de los Pueblos indígenas y por la aplicación de leyes especiales en el contexto de las actuales tensiones por las tierras ancestrales en las zonas mapuches.
Como forma de profundizar y de entregar mayores antecedentes sobre lo señalado, la Coordinación de organizaciones e identidades territoriales Mapuches acompaña esta intervención con los informes citados y otros igualmente categóricos, incluyendo además un Informe propio sobre situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche.
Del mismo modo, señala en esta audiencia que respaldará y promoverá próximamente casos que serán presentados como nuevas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales de los mapuches en Chile, señalando algunas como ejemplo:
- La del dirigente Víctor Ancalaf LLaupe, condenado por Tribunales chilenos a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y demás accesorias. El proceso que se siguió a Ancalaf adoleció de vicios procesales y además se le aplicó una legislación inadecuada, como la Ley 18.314 que determina conductas terroristas, que se enmarcan en una serie de ataques incendiarios perpetrados en contra de camiones y una retroexcavadora que desarrollaban faenas en la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco los días 29 de septiembre de 2001 y 3 y 17 de marzo de 2002. Al respecto, no se dan en el caso los elementos subjetivos del tipo penal especial de terrorismo, como son la finalidad de producir temor en la población o de arrancar decisiones a la autoridad o imponerle exigencias, y porque la aplicación de dicha legislación, específicamente el numeral 4º de su artículo 2º, que sanciona como terrorismo el daño sobre las cosas, es claramente inconstitucional y contrario a la legislación y dogmática internacional.


Éste  y muchos otros casos, han sido motivo de gran preocupación. Las acciones de defensa y protección del territorio por parte de los mapuches han generado a su vez una reacción represiva y persecutoria por parte del Estado chileno, que ha desplegado sistemáticamente su fuerza policial y judicial para disolver la legitima protesta de los mapuches. Cientos de mapuches han sido investigados por distintos hechos relacionados con el conflicto territorial, y varias decenas han sido juzgados por leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado y antiterrorista, por conductas que no revisten las características propias de los delitos contemplados en ellas. Los mapuches actualmente encarcelados por estas causas se consideran prisioneros políticos, y tanto el Relator Especial de Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas han conminado al Gobierno de Chile a detener esta persecución.

Derechos territoriales colectivos en relación de los derechos humanos
El modelo de la industria forestal, tiene impactos espaciales específicos: superpone una zona forestal virtual sobre los demás espacios, con el sistema de plantaciones, y ciudades-plantas industriales de celulosa, redes viales (carreteras y ferroviarias) y flujos autosuficientes articulados hacia el centro nacional y mercado externo. Una region forestal que responde a sus propias políticas y regulaciones. Se agotan y alteran los regímenes hídricos de cuencas, transformando los ecosistemas. Socialmente, provoca el desplazamiento de poblaciones, el acorralamiento de comunidades, y la exposición a contaminantes químicos.
El proyecto se llevó adelante contando con un abierto apoyo político e institucional por parte del Gobierno de Chile, quien no dudó en otorgar todos los permisos y autorizaciones administrativas necesarios para su realización. La Central Hidroeléctrica Ralco fue llevada adelante con una fuerte oposición de las organizaciones mapuches y significó un punto de quiebre con el Estado chileno, incluyendo sus Tribunales de Justicia, y una muestra de la voluntad real del poder político que se inclinó invariablemente por favorecer intereses económicos por sobre los derechos de los indígenas
Si bien, como es de conocimiento de la Comisión, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío, los efectos e implicancias son irreversibles y en varios de los puntos acordados, el Estado chileno no ha cumplido con sus obligaciones, por el contrario, dentro de estos acuerdos , por ejemplo, estaba contemplado el de tomar mecanismos para asegurar que las comunidades mapuche pehuenche sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, pero como respuesta a esto, las familias pewenche tuvieron la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco, contra todo orden legal y humanitario .
Desafortunadamente, tal como la comisión conoce por el caso Hidroeléctrica Ralco, diversos proyectos extractivos respaldados con fondos públicos y privados no han producen desarrollo sostenible y a cambio producen una herencia enorme de violaciones de los derechos humanos mapuches.
La discusión con respecto a las industrias extractivas y los derechos de los pueblos indígenas ha sido elevada por la propia Comisión y la Corte Interamericana cuando se ha afirmado no solo que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a tierras y territorios que usaban y ocupaban tradicionalmente, sino que además los Estados también tienen obligaciones bajo ley internacional a proteger y promover estos derechos a través de tomar medidas para demarcar y titular territorios indígenas y de garantizar a los pueblos indígenas el derecho de participar en la toma de decisiones y el derecho a dar o reservar su consentimiento previo, libre, e informado para estas actividades.
Por su parte los mapuches creen , que los derechos a la tierra en su territorio deben ser reconocidos en su totalidad y no como parcelas, donde se debe garantizar sus derechos a los recursos naturales de su territorio; Reconocer el derecho  de autodeterminación o autonomía dentro de su territorio.-
Pero más allá de obtener un avance en el reconocimiento de estos derechos, legislativamente se ha ido retrocediendo. Una iniciativa parlamentaria aprobada por la Cámara de Diputados en el mes de septiembre del 2004, pretendía modificar las normas sobre formalización de tenencia de la tierra en la ley mencionada modificando uno de los artículos esenciales del ordenamiento de protección de la tierra indígena.
Dicho proyecto, plantea la homologación de la tierra indígena al estatuto de regulación ordinario de tierras - lo cual atenta contra el estatuto de protección de la Ley Indígena – y habilita a una subdivisión de la tierra indígena a un metraje insustentable para la vida de las personas y comunidades mapuches. El proyecto ha sido cuestionado ampliamente por  diferentes sectores, sin embargo no ha sido retirado de la cámara de diputados y sigue siendo un peligro inminente a los derechos colectivos de los pueblos originarios en Chile.
Antecedentes Jurídicos
En efecto, el cuadro descrito, deja en evidencia la fragilidad del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país, en especial aquellos garantidos por el sistema americano de protección a los derechos humanos.
El marco general reseñado respecto de la situación de los mapuches en Chile, permite concluir que el Estado no respeta en forma suficiente los siguientes derechos consagrados por la Convención:
- Articulo N°1, que supone la obligación de respetar y garantizar las libertades consagradas en la Convención.
- Artículo N° 4, que consagra el derecho a la vida.
- Artículo N°5, que refiere al derecho a la integridad personal.
- Articulo N°7, que remite a la libertad personal.
- Articulo N°8, acerca de las garantías judiciales.
- Artículo N° 16, respecto de la libertad de asociación.
- Articulo N°21, sobre el derecho a la propiedad privada.
- Articulo N°24, que consagra la igualdad ante la ley.
- Articulo N°25, respecto de la protección judicial. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario